Consejo General del Poder Judicial exige un pronunciamiento sobre la ley de amnistía
Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente de la institución, Vicente Guilarte, que convoque un Pleno extraordinario para que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie, mediante una declaración institucional, sobre la ley de amnistía. Esta iniciativa ha generado una intensa preocupación y desolación entre los vocales.
La preocupante degradación del Estado de derecho en España
Los vocales denuncian que dicha medida de gracia conlleva una degradación e incluso abolición del Estado de derecho en España. Consideran que una vez que esta medida se adopte, el Estado de derecho se convertirá en una mera proclama formal que inevitablemente tendrá consecuencias perjudiciales para el interés real de España.
Violación de la Constitución y los compromisos internacionales
En el escrito dirigido al presidente del CGPJ, los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Abad y Ángeles Carmona advierten sobre la violación de la Constitución española y los compromisos asumidos por España en el Tratado de la Unión Europea. Según los artículos 2 y 19 de dicho tratado, España está obligada a respetar los principios del Estado de derecho y la independencia judicial.
La incompatibilidad de intereses en juego
Los vocales argumentan que confundir el «interés de España» con el interés del presidente del Gobierno en funciones, con el objetivo de evitar la formación de gobiernos de partidos con ideologías diferentes, es totalmente incompatible con el principio de alternancia política. Este principio está respaldado por el valor superior del pluralismo político, tal como se establece en el artículo 1 de la Constitución española y en nuestro ordenamiento jurídico.
En definitiva, los vocales del CGPJ demandan un pronunciamiento claro y contundente sobre la ley de amnistía, con el fin de preservar la integridad del Estado de derecho en España y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el país.